¿Cubre la defensa jurídica un divorcio?

Costes publicados para España en 2026 y los umbrales de la justicia gratuita, para que planifique con cifras reales.

La defensa jurídica no paga un divorcio. No es letra pequeña ni una zona gris: es el estándar del mercado español. Las condiciones generales excluyen del ámbito de cobertura el derecho de familia, el de las parejas de hecho y el sucesorio. Lo que casi todas las pólizas incluyen es una consulta de asesoramiento, es decir hablar con un abogado, y en bastantes casos también una mediación. El procedimiento y sus efectos, no.

El motivo es de cálculo, no jurídico. Un seguro reparte riesgos, o sea sucesos poco frecuentes y no deseados. Un divorcio no es ninguna de las dos cosas: es habitual, lo deciden los propios interesados y el momento se puede elegir. Quien quisiera asegurarlo podría contratar poco antes de separarse, así que la prima tendría que acercarse al coste. La misma lógica está detrás de la exclusión de la compra y la construcción de vivienda. Lo honesto es decirlo claro en lugar de vender un módulo de familia que en el momento de la verdad solo paga la consulta.

La tabla separa las prestaciones. A la izquierda la prestación, en el centro si está cubierta, a la derecha el límite habitual. Compruebe cada línea en sus propias condiciones: la redacción cambia entre compañías, el resultado casi nunca.

La línea más importante está en el medio: la liquidación del régimen económico, la pensión compensatoria y el reparto de bienes forman parte del procedimiento y quedan excluidos con él. Y dos cónyuges dentro de la misma póliza nunca están cubiertos el uno frente al otro.

En España el coste no depende de una cuantía calculada como en otros países, sino del camino que eligen ustedes. Por vía judicial y de mutuo acuerdo, sin hijos menores o con hijos mayores, la horquilla publicada va de 700 a 1.500 euros, abogado y procurador incluidos. Con hijos menores, de 900 a 2.000 euros, según lo complejo que sea el convenio regulador. La vía notarial, posible solo cuando no hay hijos menores, cuesta entre 500 y 1.000 euros con el arancel del notario dentro.

El contencioso es otra escala: entre 1.500 y 6.000 euros, y puede superar los 3.000 por cada parte, además de alargarse meses o años. Como referencia, los honorarios de un abogado compartido en mutuo acuerdo se mueven entre 300 y 600 euros sin hijos y entre 600 y 1.500 con hijos; el procurador compartido, entre 200 y 400 euros. Para personas físicas no hay tasas judiciales, así que lo que paga usted son honorarios profesionales.

En el divorcio de mutuo acuerdo ambos cónyuges pueden compartir la dirección letrada y la representación, es decir un abogado y un procurador para los dos. Eso reduce el coste total casi a la mitad frente a dos despachos, y es la palanca más grande que tienen. No cuesta nada salvo ponerse de acuerdo.

Dos advertencias. El abogado común solo puede actuar si no hay conflicto real de intereses; si lo hay, cada parte necesita el suyo, y ahí es útil la consulta que sí le cubre la póliza, precisamente para verlo a tiempo. Y cada punto que dejen sin acordar, sobre todo la vivienda y la pensión, empuja el asunto hacia el contencioso, donde la factura se multiplica. Cerrar el convenio regulador antes de ir al juzgado es lo que realmente ahorra dinero.

El primero es la justicia gratuita. Si sus ingresos quedan por debajo del umbral, en torno a dos veces el IPREM, unos 1.400 euros netos al mes según las circunstancias familiares, el turno de oficio cubre abogado y procurador. La solicitud se presenta en el colegio de abogados antes de iniciar el procedimiento, y hay que aportar la documentación de ingresos y de bienes.

El segundo es la litis expensas: cuando un cónyuge tiene medios y el otro no, se puede pedir que los gastos de defensa se atiendan con el caudal común o a cargo de quien tiene recursos. No es un favor, es una petición que su abogado puede plantear. El tercero es el menos llamativo y el más olvidado: acordar con el despacho un presupuesto cerrado o un pago fraccionado antes de encargar el asunto. Y el cuarto, la mediación familiar, que en bastantes pólizas está cubierta y evita pleitear por los efectos.

Existen ampliaciones que añaden más consultas y la mediación, y en algún caso procedimientos sobre alimentos o visitas. Lo que no encontrará es una póliza que pague el divorcio y la liquidación de bienes: en el mercado español eso no se consigue en la práctica. Quien contrata pensando en una separación próxima paga por algo que no va a cobrar.

Puede tener sentido si prevé cuestiones continuadas de alimentos o de visitas, por ejemplo en una familia reconstituida. Como previsión frente a la ruptura, no. Cuéntenos su situación y leemos las condiciones para decirle con claridad qué haría el módulo en su caso. NAMMERT es agencia de suscripción y trabaja con el texto de las condiciones, no con el folleto.